El informe que revela la falta de datos certeros sobre el sistema penal
La Procuraduría a cargo de Abel Córdoba realizó un relevamiento de los datos publicados en las web de los organismos estatales de los poderes Ejecutivo y Judicial vinculados al funcionamiento del sistema penal y concluyó que son escasos, desactualizados y confusos. Advirtió la necesidad de modificar esta práctica de cara al sistema acusatorio.
La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) elaboró un diagnóstico sobre la disponibilidad de información pública de agencias estatales involucradas en las diferentes instancias del sistema penal y de sus organismos de control y concluyó en la "imprescindible creación de un Registro Único de Detenidos que articule a todas las agencias del sistema judicial (juzgados, fiscalías y defensorías) en el que todos los órganos dependientes carguen y actualicen información sobre las/os detenidos y que permita la elaboración de reportes estadísticos y publicaciones relativas a la temática".
"A partir del recorrido realizado puede concluirse que el acceso público a información estadística respecto del accionar de las agencias judiciales, policiales y penitenciarias resulta escaso, manteniéndose la información en estado de desactualización y siendo confusa en su presentación, comparabilidad y trazabilidad temporal e inter-agencial", remarca el informe.
El estudio adelanta que la puesta en vigencia de un nuevo Código Procesal Penal impondrá "necesidades y desafíos que en el corto plazo se presentan sobre la construcción y difusión de información útil para dar cuenta del funcionamiento y dinámicas del sistema penal (policías, justicia, encierro) y de la violencia institucional en particular".
El trabajo, que lleva como título "Información pública de fuentes estatales: laberintos, ausencias y debilidades en el acceso a los datos", fue elaborado por el Área Registro y Base de Datos de la Procuvin, a cargo del fiscal general Abel Córdoba. El informe fue presentado a fines de 2014 a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y será comunicado a la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), los ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia, las Cámaras de Casación nacional y federal, la Defensoría General de la Nación, universidades nacionales y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En su desarrollo, el informe recorre las diferentes fuentes de acceso a la información sobre las fuerzas de seguridad y también sobre las personas en situación de encierro y la cantidad y calidad de los datos disponibles en las páginas web de las agencias del Estado que tienen relación con el funcionamiento del sistema penal. El análisis de los portales se justifica en que "son las puertas de entrada y el lugar donde las instituciones se presentan y hablan de sí en forma pública, detallando sus finalidades, funciones, competencias y accionar, produciendo mayor o menor accesibilidad por parte de la ciudadanía a sus características y despliegue".
La Procuvin realiza una pormenorizada descripción de la información publicada en la red por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación (SENNAF), la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval, la Policía Metropolitana y el propio Ministerio Público Fiscal de la Nación.
La invisibilización de los encerrados
"La producción y acceso público a información completa y de calidad es una condición imprescindible para posibilitar el debate y la construcción política de modo tal que se permita ponderar y debatir los problemas que atraviesan el funcionamiento de los sistemas penales/policiales y el siempre tensionado vínculo que mantienen con los derechos humanos", indicó la Procuvin al respecto. La Procuraduría recuerda que en 2013 el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU manifestó su preocupación por la ausencia en Argentina de información estadística que colabore en el registro de casos, la falta de protocolos uniformes para las autoridades y un registro único de detenidos, "bases imprescindibles para el diagnóstico y planificación en materia de violencia institucional".
En ese sentido, el estudio pone de relieve la ausencia de información completa en las web de las agencias estatales y destaca que el Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena (SNEEP), que es administrado por la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, constituye la única fuente oficial de información acerca de la población privada de libertad para todo el país, aunque no registra ningún dato sobre violencia institucional y se releva a través de los legajos, labor realizada por la propia agencia penitenciaria. Los datos del SNEEP están publicados en la web de la cartera de Justicia y derechos humanos y los últimos disponibles corresponden a 2013.
Además de desactualizado, ese acervo "carece de información sobre personas que se encuentren recluidas en centros de detención no penitenciarios", como comisarías, Prefectura, Gendarmería, y establecimientos de encierro de niños y niñas. "Estas personas quedan en una situación de alta irregularidad debido a que no son debidamente registradas por el SNEEP, desconociéndose su situación e imposibilitando su visibilización en las estadísticas oficiales de personas privadas de libertad, aun siendo detenciones por disposición de órganos penales", agrega el informe.
En ese sentido, destaca que "no existe fuente alternativa de información respecto de la cantidad de personas alojadas en comisarías u otras dependencias no penitenciarias, como hospitales o instituciones penales para niños, niñas y adolescentes, y que "tampoco registran información acerca de las personas que se encuentran vinculadas en algún tipo de proceso penal y/o sujeción fuera unidades penitenciarias (arresto domiciliario, suspensión de juicio a prueba, patronato de liberados, libertad asistida, excarcelados, libertad por falta de mérito, etc.)".
La Procuvin ejemplifica la falta de datos indispensables que permitan elaborar un diagnóstico y brindar soluciones al hacinamiento. De acuerdo a la información de 2013 publicada por el SNEEP, se registra una sobrepoblación en las cárceles de 179 personas: "Esto implica que existen 64.288 detenidos y hay capacidad para albergar a 64.109, aún sin tener definición alguna sobre el estándar de metraje sobre el que se calcula el cupo, variable de extrema relevancia para determinar las condiciones de hacinamiento". A ello, se agrega que "diagnosticar la situación nos enfrenta a otro problema ya que no todas las unidades penales brindan información al SNEEP, por lo que se manifiesta la parcialidad de los datos" y, al mismo tiempo, "estos reportes no discriminan a la población federal o provincial alojada en unidades que no se corresponden con su jurisdicción de origen".
La Procuraduría resaltó que aún más grave es la situación de las fuerzas de seguridad, que no publican mayores datos sobre los responsables de las dependencias territoriales, sobre tipo y cantidad de intervenciones, cantidad de personal, niveles de letalidad en su despliegue, entre los principales indicadores de relevancia.
Indicadores dudosos
Por otro lado, el Censo Penitenciario publicado en los informes del SNEEP "incluye pocos indicadores vinculados al registro de hechos de violencia institucional que pudieran sufrir los/as detenidos/as, tanto a nivel nacional como federal", e incluso genera "dudas acerca de la forma de construir la información", critica la Procuvin. Al respecto, ejemplifica que la variable "acceso a la asistencia médica" tiene un "sí" para el 99,9 por ciento de los casos. El dato, sostuvo la Procuraduría, "se presenta como especialmente dudoso comparado con los reportes de relevamientos en inspecciones realizados por Procuvin y PPN. De ser cierto tendría un nivel de atención mayor que la población libre extramuros y no se explicarían los niveles de muerte por enfermedades".
Entre otros indicadores cuestionados, la Procuvin puntualizó los porcentajes de personas detenidas que recibieron visitas en el último año (83 por ciento) y de las causas de las lesiones sufridas por la población penitenciaria: sólo el 0,1 por ciento corresponde a "hechos con agentes del establecimiento".
La Procuraduría cuestionó además que "toda esta información no permite efectuar lecturas por tipo de jurisdicción, ni por unidad o por otros datos clasificatorios de los detenidos, sino que son publicadas a nivel general sobre el total de la población del SPF". En ese sentido concluyó que "la violencia institucional es un aspecto invisibilizado por la producción de datos que publican las agencias penitenciarias y de política criminal".
Rumbo al sistema acusatorio
El organismo a cargo del fiscal Córdoba contrastó en su informe los datos del SNEEP con las cifras del Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos (RNCT) elaborado por tres instituciones públicas autónomas (la PPN, la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos).
Ese registro explicita la metodología y definiciones conceptuales de tortura y malos tratos, que se relevan a través de once tipos de afecciones posibles en las que se relevan los casos. "En el primer
informe anual (2011) el RNCT para el ámbito federal registró 1.840 hechos de tortura y/o malos tratos aplicados sobre un total de 556 víctimas" y "en el Informe Anual 2013 se relevaron 1.151 víctimas, las cuales padecieron 3687 afecciones vinculadas a hechos de torturas y malos tratos en el sistema federal. En promedio cada víctima sufrió al menos tres hechos en el lapso de los últimos dos meses anteriores a la fecha de toma de datos", precisa la Procuvin.
Al respecto, señala que "es muy importante a los fines de caracterizar la actuación de la justicia en estos temas, poder dar cuenta efectiva de la cantidad de denuncias realizadas por delitos y abusos de fuerzas de seguridad y poder establecer un seguimiento de las mismas, observar cuántas prosperan, en qué casos se inicia un proceso contra los responsables directos e institucionales y en qué proporción llegan a instancia de imputación, elevación a juicio y sentencia". Pero da cuenta que "al acceder al sitio del Poder Judicial de la Nación se puede corroborar la inexistencia de estadísticas vinculadas a este tipo específico de denuncias recibidas por dichos órganos".
La Procuvin indica al respecto que los juzgados de ejecución -a cargo del control del cumplimiento de las penas- "resultan primarios y de una ineludible centralidad en la tramitación de las denuncias en el actual sistema procesal de tipo inquisitivo, por lo cual en el esquema hasta ahora vigente resultan la fuente más exhaustiva para construir estos datos, situación que se transformará con la entrada en vigencia del nuevo código penal procesal".
Por ese motivo, remarca el estudio, "lo que hasta ahora puede haber constituido un insumo y producción de información de mediana incidencia se transformará en una línea de trabajo central para las políticas criminales, destacándose la necesidad de producir estos informes como un insumo imprescindible en el futuro inmediato".
Fuente: fiscales.gob.ar
