LOS EMPRESARIOS DEL JUEGO DEBEN PAGAR (Comunicado de prensa FOL LP-Bsso)
Causan un daño social inmenso e irreparable. Sin embargo, pagan poquísimos impuestos y se niegan a colaborar con las organizaciones sociales.
Casino Club, Codere,Boldt, Cirsa,los principales grupos empresarios del negocio del juego en la Argentina, ganan miles de millones de pesos robándole a los más humildes de nuestro pueblo lo poquito que tienen, enfermando personas de todas las edades y sectores, arruinando familias, promoviendo veladamente el blanqueo de capitales, el proxenetismo y el consumo de drogas en sus locales e inmediaciones. Sin embargo, el juego prácticamente no pagan impuestos ni colaboran con las organizaciones sociales.
Existen más de 500 casas de juegos, más de 70.000 maquinitas “chupasueldos” en todo el país y el negocio sigue en expansión con la complicidad de muchos. Esta industria mueve 105 mil millones de pesos cada año, diez veces el monto que se destina a la Asignación Universal por Hijo. Sin embargo, no paga. Desde el punto de vista tributario, la Argentina es un paraíso para el juego: el operador se queda con el 80% de la ganancia y pagan un 20% de lo que declara. El contralor y administración de estos fondos la realiza, con bastante ineficacia, Lotería Nacional, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Las salas ubicadas en los centros urbanos más humildes son las que más recaudan. Su estrategia consiste en captar, por proximidad, a nuestros compañeros y los sectores populares en general. Conocidas son las estudiadas artimañas que emplean para provocar que quienes han entrado en sus locales tiendan a quedarse horas y horas en un microclima ficticio, hasta días enteros incluso, derrochando la plata que no tienen, en exclusivo beneficio del negocio que quizá tenga el triste liderazgo de ser el que menos función social cumple.
Las organizaciones sociales que suscribimos el presente comunicado luchamos incansablemente por
los intereses de lxs trabajadorxs más pobres, lxs más precarizadxs, y en función de ello es que exigimos que los empresarios del juego paguen por el daño que hacen. Desde ya, es necesaria una reforma tributaria y leyes fuertemente restrictivas de esta actividad. Por ahora, sin embargo, lo que solicitamos es bastante menos: un mínimo aporte para que los más pobres puedan pasar dignamente las fiestas.
Como era de esperarse, nuestra solicitud fue denegada y tildada de “extorsiva”. Nosotros sostenemos que extorsión es lucrar con la desesperación. Los empresarios del juego tienen que pagar el daño que hacen a la sociedad. La actividad debe restringirse y su ganancia reutilizarse en políticas públicas de deporte, cultura, vivienda y generación de trabajo digno.
Para superar la injusticia social, no sólo hay que discutir la pobreza: ¡empecemos a discutir la riqueza!
