La madre biológica de la adolescente habría pedido a través del juzgado provincial que entregaran a su hija a la pareja. Daniel Gómez y Adriana Barros quedaron detenidos y se negaron a declarar. Ahora el juzgado debe resolver la situación procesal de los acusados. La jueza rechazó las excarcelaciones
El fiscal a cargo de la Fiscalía de Instrucción N°11, Juan Necol, quien lleva adelante la investigación por la menor de edad privada de su libertad en el garaje de una vivienda ubicada en el barrio porteño de Villa Lugano, informó que la madre biológica de la adolescente habría pedido a través del juzgado provincial que entregaran a su hija a la pareja que se encuentra imputada en la causa ya que los conocía con anterioridad. Además, indicó que podrían llegar a investigarse las presuntas irregularidades en el trámite de la guarda de la menor. “La joven tenía lesiones, no sabemos si son del último tiempo o si son de antigua data. Denunció que la pareja la retaba, la golpeaban y que sufrió maltratos por parte de los padres adoptivos”, aseguró Necol a Fiscales.
El representante del MPF explicó que la víctima habría sido dada en adopción en el 2001, cuando tenía 2 años y medio, ya que su madre biológica no podía seguir manteniéndola. “La mujer conocía a esta familia y pidió que entregaran a su hija porque habrían trabajado en la misma empresa de limpieza”, agregó.
El fiscal Necol utilizará el sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal (www.fiscales.gob.ar) para comunicar toda la información referida a su actuación en la causa, debido a la sensibilidad del caso.
La denuncia fue radicada al Juzgado de Instrucción N°42 que delegó la investigación a la Fiscalía de Instrucción N°11, a cargo de Juan Necol, quien de inmediato solicitó la historia clínica de la joven internada para tener un seguimiento de su estado de salud. Además, pidió las declaraciones de personas del hogar donde había estado alojada y de su hermana, antes de ser dada en adopción.
El caso
La causa penal se originó en diciembre de 2013, luego de que la hermana de la damnificada intentara averiguar el paradero de joven, quien había sido dada en guarda en 2001. En noviembre de 2013, el Juzgado de Responsabilidad de Menores de Quilmes envió una orden al matrimonio que tenía la guarda de la menor para que se presentaran en la sede judicial.
Sin embargo, el matrimonio nunca se presentó en el tribunal, por asistentes sociales fueron al domicilio que figuraba en la documentación, donde encontraron con la joven de 15 años desnutrida. Una vez que arribó la policía, la pareja fue trasladada al juzgado provincial donde les recibieron las declaraciones.
La víctima fue internada en el hospital Evita Pueblo de Berazategui y el tribunal de la provincia realizó la denuncia por el estado de abandono en que se encontraba la niña.
La Fiscalía tomó contacto con el tribunal de provincia para tener un seguimiento del estado de la salud y a través de un exhorto solicitó al Juzgado de rogatoria la realización de la declaración de la víctima en una Cámara Gesell provincial para evitar el traslado de la adolescente a la Capital, debido al delicado estado en el que se encontraba. El pedido fue rechazado por cuestiones formales. Cuando la chica estuvo en condiciones d brindar su testimonio, la Fiscalía ordenó realizar el procedimiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Medidas ordenadas por la Fiscalía
Luego de la declaración de la víctima, el fiscal Necol solicitó la detención de la pareja que tenía la guarda de la joven y el allanamiento del domicilio donde había estado secuestrada durante los últimos
meses, ubicado en la calle Pola, en el barrio porteño de Villa Lugano.
La jueza de Instrucción porteña María Gabriela Lanz hizo lugar al pedido del representante del MPF y amplió la medida ya que ordenó también el allanamiento de otro domicilio del matrimonio, ubicado en la calle Basualdo, a tan solo tres cuadras, donde también habría estado alojada la adolescente. Daniel Gómez y Adriana Barros quedaron detenidos. Los imputados, hicieron uso de su derecho constitucional y se negaron a declarar. Ahora el juzgado debe resolver su situación procesal.
La jueza rechazó las excarcelaciones que habían sido solicitadas por la defensa y ordenó la realización de pericias psicológicas a los acusados.
